Orden de ciudadanía por nacimiento bloqueada: Texas 2026

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Si una solicitud de pasaporte, de Seguro Social o de beneficios para su hijo nacido en Estados Unidos ha sido cuestionada, demorada o negada, o simplemente quiere saber en qué situación queda su familia con este fallo, un abogado de inmigración con experiencia en Texas puede revisar sus documentos y explicarle qué se puede presentar ahora. Llame o envíe un mensaje de texto 24/7. Nuestro servicio de referencia es gratuito para las personas a quienes servimos; el abogado que usted contrate fija sus propios honorarios.

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Qué cambió y cuándo

El fallo de la Corte Suprema, 30 de junio de 2026. En Trump v. Barbara, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que la primera orden sobre la ciudadanía por nacimiento, la Orden Ejecutiva 14160 del 20 de enero de 2025, no podía aplicarse. Como resumió SCOTUSblog, la opinión mayoritaria del presidente de la Corte, John Roberts, describió la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda como de “amplio alcance”, con excepciones “estrechas” limitadas a los hijos de ministros extranjeros y a los miembros de ciertas tribus indígenas del siglo XIX. La opinión posterior del tribunal en este caso cita la conclusión de la Corte Suprema de que los niños nacidos de padres que están presentes en Estados Unidos de forma ilegal o temporal son “ciudadanos al nacer”.

La nueva orden, 6 de agosto de 2026. La Orden Ejecutiva 14418, “Continuing To Protect the Meaning and Value of American Citizenship”, fue firmada el 6 de agosto y publicada en el Registro Federal el 11 de agosto de 2026 (91 FR 51991). La Sección 2 establece la política de que ningún departamento o agencia federal emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a una persona, ni aceptará documentos estatales o locales que pretendan reconocer su ciudadanía, cuando ninguno de los padres sea ciudadano y se cumpla alguna de cuatro condiciones: (a) que alguno de los padres sea un “enemigo extranjero”, definido para incluir a cualquier miembro de una Organización Terrorista Extranjera designada o a un Terrorista Global Especialmente Designado; (b) que alguno de los padres sea empleado de un gobierno extranjero, incluidos los embajadores, los nacionales de un país extranjero empleados por la embajada o el consulado de ese país, las personas empleadas por un gobierno extranjero en calidad oficial y los empleados de organizaciones internacionales con inmunidad; (c) que alguno de los padres haya participado en una transacción comercial para comprar u obtener la ciudadanía por nacimiento, incluido el arreglo para que la madre esté presente en Estados Unidos para dar a luz o el contrato con una madre subrogada en Estados Unidos; o (d) que la persona haya nacido en un territorio estadounidense donde la ciudadanía no se confiere por ley. La Sección 3 ordena al secretario de Estado, al fiscal general, al secretario de Seguridad Nacional y al comisionado del Seguro Social alinear sus políticas con la orden, y exige que cada agencia publique una guía pública de implementación dentro de los 30 días siguientes al 6 de agosto de 2026.

El fallo del tribunal, 2 de septiembre de 2026. En CASA, Inc. v. Trump, No. 8:25-cv-00201 (D. Md.), Documento 181, la jueza federal de distrito Deborah L. Boardman concedió una orden judicial preliminar a nivel de clase en una opinión de 35 páginas. El tribunal escribió que “la Orden Ejecutiva de 2026 es casi con certeza inconstitucional en su aplicación a la clase certificada por la sencilla razón de que la Corte Suprema en Barbara ya decidió que los niños de la clase son ciudadanos al nacer”. La orden judicial prohíbe a las agencias demandadas, a sus funcionarios y a cualquier persona que actúe con ellas “aplicar la Orden Ejecutiva de 2026 contra cualquier miembro de la clase certificada o tomar cualquier otra medida para interferir con, negar o dejar de reconocer la ciudadanía de cualquier miembro de la clase certificada”. El tribunal no bloqueó la subsección 2(d), que se refiere a los territorios de Estados Unidos, ni la Sección 3(b), el requisito de que las agencias publiquen una guía de implementación. Señaló que el gobierno puede pedir que se modifique o disuelva la orden judicial una vez que se publique esa guía, y no exigió fianza. La opinión registra que el gobierno declaró en una audiencia del 28 de agosto de 2026 que la orden se aplica solo a los niños que nazcan en el futuro, y observa que “en ninguna parte de la orden se indica que no se aplique a los niños ya nacidos”.

La clase que está protegida. La orden judicial cubre la clase que este tribunal certificó en 2025: cualquier niño nacido en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 (1) cuya madre estaba presente de forma ilegal y cuyo padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento, o (2) cuya madre estaba presente de forma legal pero temporal y cuyo padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento. La opinión señala que esta clase es idéntica a la clase que la Corte Suprema abordó en Barbara.

Una propuesta relacionada sobre pasaportes, reportada el 1 de septiembre de 2026. Newsweek, citando a Reuters, reportó que el Departamento de Estado está considerando un borrador de guía según el cual los padres que soliciten el pasaporte de un hijo tendrían que presentar pruebas de su propia ciudadanía o estatus migratorio para que el departamento determine si el solicitante está sujeto a la Orden Ejecutiva 14418. El artículo citó a un portavoz del Departamento de Estado diciendo que el departamento no valida documentos filtrados y reportó que la propuesta no se había finalizado. Con las reglas actuales, los padres generalmente presentan la prueba de ciudadanía del niño, la prueba de la relación parental y una identificación con foto, pero no una prueba separada de su propio estatus.

La orden de Texas sobre el “turismo de nacimiento”, 21 de julio de 2026

Texas tiene su propia acción reciente sobre el tema, dirigida a los proveedores y no a los niños. El 21 de julio de 2026, el gobernador Greg Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-57, que, según reportó CBS Texas, ordena a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, al Departamento Estatal de Servicios de Salud, a la Oficina del Inspector General de la HHSC, a la Junta Médica de Texas, a la Junta de Enfermería de Texas y al Departamento de Licencias y Regulación de Texas investigar lo que la orden llama esquemas de turismo de nacimiento en la industria de la salud del estado. La aplicación de la orden puede incluir la suspensión o revocación de la licencia de un proveedor, la prohibición de participar en contratos estatales o la negación de beneficios estatales. La orden siguió a una investigación que el gobernador había ordenado a principios de julio sobre la publicidad del Mission Regional Medical Center en el Valle del Río Grande; el hospital declaró que describía sus servicios como lo hacen los hospitales de todo el país y que los materiales en cuestión ya no están en uso. Houston Public Media reportó que el Migration Policy Institute, una organización no partidista, estima que los nacimientos de turistas de visita son menos de 30,000 de los aproximadamente 3.5 millones de nacimientos que ocurren cada año en Estados Unidos, y citó a abogados de inmigración que expresaron preocupación por el efecto de la orden en el acceso a la atención médica. La GA-57 regula a los proveedores con licencia; no cambia quién es ciudadano, y ninguna orden de Texas puede hacerlo.

A quién alcanza esto en Texas

Familias con un hijo nacido en Texas desde el 20 de febrero de 2025 en las que la madre estaba indocumentada, o se encontraba aquí con un estatus temporal de visitante, estudiante, trabajo u otro, y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente. Esos niños están en la clase protegida, y la orden judicial prohíbe a las agencias federales negarse a reconocer su ciudadanía bajo la orden de 2026 mientras esté vigente.
Familias cuyo hijo nació antes del 20 de febrero de 2025. Estos niños no están en la clase certificada. El gobierno dijo al tribunal que la orden se aplica solo hacia el futuro; el tribunal señaló que el texto de la orden no lo dice. Si la orden podría aplicarse a un niño mayor es una pregunta que la orden judicial no responde.
Familias de empleados de gobiernos extranjeros y de consulados. Houston, Dallas, Austin y San Antonio albergan consulados extranjeros. La subsección 2(b) alcanza a los hijos de nacionales empleados por una embajada o un consulado y a los de empleados de organizaciones internacionales con inmunidad. El tribunal consideró que la orden es probablemente inconstitucional en su aplicación a la clase; si una familia consular en particular está dentro de la clase o dentro de la excepción diplomática tradicional depende del estatus y la inmunidad reales de los padres.
Familias que recurrieron a una madre subrogada en Texas y padres intencionales del extranjero. La subsección 2(c)(ii) menciona una transacción comercial con una madre subrogada presente en Estados Unidos. El razonamiento de la Corte Suprema, tal como lo aplicó el tribunal de distrito, gira en torno a si el niño está sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, no a cómo se organizó el embarazo.
Padres que temen una designación. La subsección 2(a) se aplica cuando alguno de los padres es miembro de una organización terrorista designada. El tribunal citó “ejemplos del gobierno intentando de forma apresurada y sin pruebas creíbles expulsar a personas de Estados Unidos por supuestas afiliaciones con grupos considerados enemigos extranjeros” al aceptar la preocupación de los demandantes de que a un niño se le pudiera negar la ciudadanía con base en una etiqueta.
Cualquier persona con una solicitud de pasaporte, de Seguro Social o de beneficios pendiente para un hijo nacido en Estados Unidos en Houston, Dallas–Fort Worth, San Antonio, Austin, El Paso, el Valle del Río Grande, Laredo y cualquier otra parte del estado. Las agencias nombradas en la orden, el Departamento de Estado, el DHS y la Administración del Seguro Social, son las que emiten los documentos que las familias usan todos los días.

Qué cambia esto legalmente

Para los miembros de la clase, la orden de 2026 no puede aplicarse. La orden judicial está vigente ahora. Ordena a las agencias demandadas no aplicar la Orden Ejecutiva 14418 a ningún miembro de la clase certificada y no tomar ninguna otra medida para interferir con, negar o dejar de reconocer la ciudadanía de un miembro de la clase. El tribunal no dictó una orden contra el presidente personalmente; la dictó contra las agencias que ejecutarían la orden.
El acta de nacimiento de Texas sigue siendo el documento de partida. La orden instruía a las agencias federales a no aceptar documentos estatales o locales “que pretendan reconocer la ciudadanía de Estados Unidos” para las categorías enumeradas. Para los miembros de la clase, la orden judicial prohíbe ese rechazo. Las actas de nacimiento de Texas las emite la Sección de Estadísticas Vitales del Departamento Estatal de Servicios de Salud y nunca fueron objeto de la orden federal.
El requisito de la guía se mantiene. La Sección 3(b) de la orden, que exige a cada agencia publicar una guía de implementación dentro de los 30 días siguientes al 6 de agosto, no fue bloqueada, y el plazo de 30 días se extiende hasta la primera semana de septiembre de 2026. Lo que diga esa guía sobre pasaportes, números de Seguro Social y beneficios es lo próximo que hay que observar, y el tribunal invitó al gobierno a volver después de que se publique.
La propuesta sobre pasaportes no está en vigor. El borrador del Departamento de Estado reportado el 1 de septiembre no se había finalizado a la fecha de ese reporte. Las reglas actuales de pasaporte para un menor de 16 años las publica el Departamento de Estado y no han cambiado.
El caso no ha terminado. Una orden judicial preliminar preserva la situación actual mientras el caso avanza. El gobierno puede apelar ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito o buscar otra revisión, y la orden judicial sigue vigente a menos que un tribunal la modifique. La decisión de la Corte Suprema en Barbara se refería a la orden de 2025; la orden de 2026 es un documento nuevo y se litigará por sus propios términos.
Nada en el fallo cambia el estatus propio de los padres. El caso trata sobre la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos. No otorga, niega ni altera ningún estatus migratorio de los padres.

Nada de esto determina la situación de una familia en particular. Si un niño específico está en la clase certificada, qué documentos lo establecen y qué hacer con una solicitud que ya fue demorada o negada son preguntas que dependen de los hechos y los registros de la familia.

Qué tipo de opción podría aplicar

Esta página es información, no asesoría legal, y ningún artículo puede decirle a un lector cuál es el estatus de su hijo ni qué decidirá una agencia. Lo que un abogado puede revisar incluye:

Para una familia con un recién nacido o un niño pequeño nacido en Texas desde febrero de 2025: un abogado de inmigración puede revisar el acta de nacimiento del niño y el estatus de los padres en el momento del nacimiento, explicar si el niño parece estar dentro de la clase protegida y ayudar a reunir los documentos que una oficina de pasaportes o del Seguro Social va a pedir.
Para una solicitud de pasaporte, de número de Seguro Social o de beneficios que ha sido cuestionada, demorada o negada: un abogado puede revisar el aviso, identificar en qué se basó la agencia y explicar qué revisión administrativa u opción judicial puede estar disponible, incluido si la negación parece contradecir la orden judicial del 2 de septiembre.
Para familias consulares, de organizaciones internacionales y de subrogación: un abogado puede revisar la categoría de visa de los padres y cualquier inmunidad, que es el hecho del que dependen tanto la orden como la excepción constitucional.
Para un padre o una madre en proceso de deportación o con un caso pendiente: un abogado de defensa contra la deportación puede revisar cómo un hijo ciudadano estadounidense figura en el propio caso del padre o la madre, ya que algunas formas de alivio toman en cuenta a un hijo ciudadano, y coordinar la documentación del niño con el asunto del padre o la madre.
Para una familia que cree que una agencia actuó en contra de la orden judicial: un abogado de derechos civiles puede revisar si puede existir un reclamo o una solicitud ante el tribunal que emitió la orden. La clase certificada está representada por abogados en el caso de Maryland, y una familia también puede consultar a su propio abogado.
Para una familia que está haciendo un plan: un abogado de inmigración puede revisar juntos los documentos de toda la familia, incluidos el acta de nacimiento certificada del niño y los registros de los padres, para que una solicitud futura no se convierta en una crisis. La oficina de un abogado es el lugar para esa conversación; la admisión del caso corresponde al abogado, no a un artículo.

Por qué actuar rápido puede importar

Este es un tema que cambia rápido. El plazo de 30 días para las guías de las agencias bajo la Sección 3(b) se cierra a principios de septiembre de 2026, se reporta que el Departamento de Estado está considerando nuevos requisitos de documentación para los pasaportes de menores, y el tribunal ha dicho que el gobierno puede volver a pedir cambios a la orden judicial una vez que se publiquen las guías. Una apelación también podría cambiar el panorama. Las familias que ya tienen un acta de nacimiento certificada, una tarjeta de Seguro Social y un pasaporte para su hijo tienen documentos que son más fáciles de conservar que de obtener después, y las familias cuyas solicitudes están pendientes o han sido negadas tienen plazos de revisión que comienzan cuando llega el aviso, no cuando se encuentra un abogado. Es mejor hablar con un abogado pronto, mientras la gama más amplia de opciones sigue abierta y mientras la orden judicial está vigente.

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Un abogado puede revisar el acta de nacimiento de su hijo, el estatus de su familia en el momento del nacimiento y cualquier aviso de pasaporte, de Seguro Social o de beneficios que haya recibido, y explicarle las opciones y los plazos que aplican a su situación. Llame o envíe un mensaje de texto 24/7. Conéctese con un abogado de inmigración con experiencia cerca de usted. Nuestro servicio de referencia es gratuito para las personas a quienes servimos.