Tarifa H-1B y L-1 en extensiones: 9 de septiembre 2026

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Si esta regla alcanza a una empresa en particular, y qué significa para una extensión que ya se está preparando, depende de hechos que un abogado lee en el expediente: el tamaño y la composición de la plantilla en Estados Unidos, el tipo de petición y la fecha de presentación. Un abogado de inmigración con experiencia puede revisarlo con usted. Llame o envíe un mensaje de texto las 24 horas para conectarse con un abogado cerca de usted. No necesita decirnos nada sobre el estatus migratorio de nadie para ser conectado. Nuestro servicio de referencia es gratuito para las personas a las que servimos; el abogado que usted contrate fija sus propios honorarios.

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Qué Cambió y Cuándo

El 7 de agosto de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, presentó para inspección pública una regla final sobre la tarifa 9-11 Response and Biometric Entry-Exit para visas H-1B y L-1. Su publicación en el Registro Federal está programada para el 10 de agosto de 2026, y la regla dice: “This rule is effective on September 9, 2026” (esta regla entra en vigor el 9 de septiembre de 2026).

La regla modifica el arancel de tarifas de USCIS en 8 CFR 106.2(c)(8) y (9). Lo que cambia, en palabras de la propia agencia, es el conjunto de peticiones a las que se aplica la tarifa:

Antes: el DHS “generalmente cobraba la tarifa solo por peticiones que buscaban una concesión inicial de estatus o un cambio de empleador” — los casos en los que también aplica la tarifa separada de prevención y detección de fraude.
A partir del 9 de septiembre: la regla exige que los empleadores cubiertos paguen la tarifa 9-11 “por todas las peticiones de extensión de estatus, sin importar si aplica la tarifa relacionada de prevención y detección de fraude, lo que incluye las peticiones de extensión de estatus que no implican un cambio de empleador”.

Los montos no cambian: $4,000 por una petición H-1B cubierta y $4,500 por una petición L-1 cubierta. La regla amplía a qué peticiones se aplica la tarifa, no cuánto cuesta. El DHS también indica que la tarifa “debe ser pagada por el empleador”, y que una petición enmendada que no solicita una extensión de estatus sigue exenta.

Dos datos más de la propia regla. No es retroactiva: el DHS escribe que solo se aplicará a las peticiones correspondientes “a partir de la fecha de implementación de la regla” y que las tarifas “no se aplicarán retroactivamente a peticiones pasadas ni pendientes”. Y la tarifa en su conjunto tiene hoy una fecha de vencimiento: se aplicará “a las peticiones presentadas el 30 de septiembre de 2027 o antes”, salvo que el Congreso la extienda de nuevo.

Al ser una regla final, no hay período de comentarios abierto. Sigue a un aviso de reglamentación propuesta que el DHS publicó el 6 de junio de 2024 y que recibió 146 comentarios.

A Quiénes en Texas Alcanza

La tarifa nunca ha aplicado a todos los empleadores. Por ley alcanza solo a los empleadores cubiertos, que la regla describe como “aquellos empleadores que emplean a 50 o más personas en Estados Unidos y en los que más del 50 por ciento de los empleados en Estados Unidos tienen estatus de no inmigrante H-1B o L-1”. La regla agrega las palabras “in the aggregate” (en conjunto) para aclarar que las categorías H-1B, L-1A y L-1B se cuentan juntas. Una empresa que no cumple las dos mitades de esa prueba no es un empleador cubierto, y la regla dice claramente que ese peticionario “no está obligado a pagar la tarifa”.

En la práctica, ese perfil corresponde a muchas empresas de dotación de personal de TI, consultoría y subcontratación, varias de las cuales tienen operaciones grandes en Texas o colocan trabajadores con clientes de Texas en los mercados de Dallas–Fort Worth, Houston y Austin. Dos grupos sienten el cambio:

Empleadores cubiertos con extensiones por vencer. El DHS señala que entre los años fiscales 2018 y 2025, el 27 por ciento de las peticiones H-1B de empleadores cubiertos estuvieron sujetas a la tarifa; con esta interpretación vigente, la cifra habría sido del 75 por ciento. La agencia proyecta que el cambio trasladará alrededor de $37.9 millones en el año fiscal 2026 y $40.0 millones en el año fiscal 2027 de los peticionarios al gobierno.
Empleados H-1B, L-1A y L-1B de esas empresas. La tarifa es una obligación legal del empleador, no del trabajador. Pero los presupuestos y los calendarios de presentación los fijan los empleadores, y los trabajadores suelen ser los últimos en enterarse cuando alguno de los dos cambia.

Las empresas pequeñas quedan en gran medida fuera. En el propio análisis de pequeñas entidades de la regla, de 264 pequeñas entidades confirmadas en la muestra que presentan peticiones H-1B o L-1, 223 tenían menos de 50 empleados y “estarían exentas por ley de pagar la tarifa”.

Qué Cambia Legalmente

El cambio es de interpretación, no de la ley que creó la tarifa. El DHS explica que en 2015 leyó el nuevo texto legal de manera consistente con su interpretación anterior — vinculando la tarifa 9-11 a la tarifa de fraude — y ahora concluye que “la mejor lectura de la ley exige que la tarifa 9-11 se pague por todas las peticiones de extensión de estatus, sin importar si la tarifa de fraude es aplicable”. La regla cita la decisión de 2024 de la Corte Suprema en Loper Bright Enterprises v. Raimondo al llegar a esa lectura.

El DHS también indica que adoptó la misma interpretación una vez antes, en una regla de tarifas de 2020 que fue suspendida en su totalidad en un litigio ajeno a esta tarifa antes de que pudiera entrar en vigor.

Nada en la regla cambia quién es elegible para el estatus H-1B o L-1, cuánto puede durar una extensión, ni qué evidencia debe contener una petición. Cambia lo que un empleador cubierto debe enviar junto con la presentación.

Qué Tipo de Opción Podría Aplicar

Nada en esta página es una predicción sobre alguna empresa o petición en particular. Lo que un abogado de inmigración puede revisar incluye:

Si un empleador específico cumple tanto la prueba de 50 empleados como la de más del 50 por ciento, y cómo se hace el conteo conjunto para una plantilla que cambia durante el año.
Cuáles de las presentaciones próximas son peticiones de extensión de estatus y cuáles son peticiones enmendadas que no solicitan una extensión, ya que la regla las trata de manera distinta.
Cómo aplican la fecha de vigencia del 9 de septiembre y el texto sobre la no retroactividad a peticiones ya preparadas, ya presentadas o programadas para las semanas cercanas.
Para un empleado, qué significa para su propio estatus la decisión del empleador sobre plazos o presupuesto, y qué alternativas podrían existir si una extensión se retrasa o no se presenta.

Son preguntas específicas de cada caso, y las respuestas dependen de documentos — conteos de nómina, tipo de petición, recibos de presentación — que un abogado lee directamente.

Por Qué Actuar Pronto Puede Importar

Las peticiones de extensión corren con su propio reloj. El estatus tiene una fecha de vencimiento, y la ventana en la que se puede presentar una extensión — y en la que un trabajador puede seguir trabajando mientras está pendiente — la fija el reglamento, no la preferencia. Una pregunta de presupuesto que aparece tarde en esa ventana es un problema más difícil que la misma pregunta planteada temprano.

Es mejor que un abogado revise el calendario y las presentaciones antes de que llegue la fecha de vigencia y no después de que la petición haya salido. Para los empleados, una conversación ahora sobre cómo luce el calendario de una extensión es bastante más fácil que una después de que ha pasado un plazo.

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Un abogado puede leer la regla frente a una plantilla, una petición y una fecha concretas, y explicarle qué significa realmente para usted. Llame o envíe un mensaje de texto las 24 horas y lo conectaremos con un abogado de nuestra red cerca de usted. Nuestro servicio de referencia es gratuito para las personas a las que servimos.