Houston Limita Cuándo la Policía Contacta a ICE: La Orden Ejecutiva del 6 de Noviembre, Lo Que el Capítulo 752 de Texas Sigue Exigiendo, y Lo Que un Abogado Puede Revisar

Qué Cambió y Cuándo

La orden. Según el comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones del Alcalde de Houston el 6 de noviembre de 2026, el alcalde John Whitmire “instruyó al Departamento de Policía de Houston a emitir una guía actualizada que rija el contacto de HPD con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas respecto de personas bajo custodia” y “firmó el viernes una orden ejecutiva que limita la interacción de HPD con ICE para centrarse solo en casos en los que existan delitos punibles con cárcel” (traducción de este sitio). El comunicado indica que, tras la orden ejecutiva, el jefe de policía de HPD, Noe Diaz, “envió un memorando a todo el departamento para actualizar el nuevo proceso”. El comunicado de la ciudad no publica un número de orden ni el texto de la orden misma.

Lo que describe el departamento. El comunicado de la ciudad cita al jefe Diaz: “Solo se contactará a ICE si alguien comete un delito punible con cárcel. Esto significa que nuestros oficiales solo contactarán a ICE si alguien a quien arrestan tiene además una orden administrativa de ICE”. En el mismo comunicado dio este ejemplo: “Por ejemplo, si nuestros oficiales de policía detienen a alguien por una infracción menor de tráfico y le extienden una citación, esa persona recibe la citación y sigue con su día. HPD ya no contactará a ICE si la persona tiene una orden administrativa y no es arrestada”. El alcalde describe el alcance de la misma manera en el comunicado: “Nadie debería tener que preocuparse de que HPD realice una búsqueda de órdenes, incluidas búsquedas que involucren a ICE, a menos que a la persona se le esté acusando de un nuevo delito punible con cárcel, incluidos delitos peligrosos o violentos”.

Lo que el comunicado dice que no cambió. El comunicado de la ciudad indica que “HPD continuará llamando a ICE respecto de sospechosos vinculados a delitos punibles con cárcel, lo cual incluye a infractores violentos”. El cambio descrito en el comunicado se refiere a personas que no son arrestadas.

Qué es una orden administrativa de inmigración. The Texas Tribune informó el 6 de noviembre de 2026 que, a diferencia de las órdenes penales firmadas por jueces, las órdenes administrativas de ICE las emiten funcionarios de inmigración y a menudo identifican a personas con infracciones civiles, como órdenes de deportación pendientes. El Tribune informó que más de 700,000 órdenes administrativas de inmigración fueron agregadas a una base de datos criminal nacional que usan los departamentos de policía del país después de que asumió la actual administración presidencial, y que los mandos de la policía de Houston habían instruido a los oficiales a contactar a ICE cuando encontraran a alguien con una de esas órdenes.

Cómo llegó Houston hasta aquí. El Tribune informó que el Concejo Municipal de Houston adoptó en abril de 2026 una ordenanza que eliminó una política que exigía a los oficiales esperar 30 minutos la llegada de agentes de ICE a las paradas de tráfico; que el concejo revisó después esa ordenanza; y que HPD emitió entonces instrucciones que exigían a los oficiales contactar a ICE cuando encontraran a alguien con una orden administrativa de inmigración y esperar un tiempo “razonable” a que los agentes de inmigración tomaran custodia. El Tribune también informó, citando al Houston Chronicle, que la policía de Houston contactó a ICE al menos 107 veces en los primeros ocho meses de 2025, frente a nueve veces en todo 2024, y describió un caso reportado en el que un oficial llamó a ICE después de saber que una mujer que había llamado para reportar un incidente de violencia doméstica tenía una orden de ICE a su nombre.

A Quiénes en Texas Alcanza Esto

Un departamento. La orden ejecutiva del 6 de noviembre es un instrumento de la Ciudad de Houston y la guía que ordenó es guía del Departamento de Policía de Houston. No es una regla del condado, del estado ni federal. No habla por la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, por un constable, por la policía de un distrito escolar ni por ninguna otra agencia que opere dentro de Houston. A una persona detenida dentro de los límites de la ciudad la puede detener una agencia distinta de HPD.

Austin: solicitado, aún no vigente. KUT informó el 6 de noviembre de 2026 que el alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo que está pidiendo a la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, actualizar sus órdenes generales, y lo citó diciendo que pedía la actualización “para que puedan estar vigentes cuando la nueva Gobernadora asuma el cargo” — enero de 2027. KUT informó que la guía vigente de Austin indica a los oficiales contactar a ICE sobre una orden administrativa “cuando sea operativamente factible”, y que APD ha notificado a ICE cuando hay de por medio una orden o una acusación por delito violento. Según ese reporte, no se había adoptado ninguna política nueva en Austin.

San Antonio: una consulta, no una política. El San Antonio Current informó el 6 de noviembre de 2026 que la alcaldesa Gina Ortiz Jones dijo que pedirá al administrador municipal, Erik Walsh, explorar opciones para poner fin a la cooperación del departamento de policía con ICE. Según ese reporte, se trata de una solicitud para estudiar opciones y no de un cambio en la política de SAPD.

Así, al 8 de noviembre de 2026, de las tres ciudades solo Houston tiene una orden firmada y un memorando departamental descrito como ya emitido.

Qué Cambia Esto Legalmente

El estatuto estatal que rige las políticas locales. El Subcapítulo C del Capítulo 752 del Código de Gobierno de Texas, agregado por el Proyecto de Ley del Senado 4 de la Legislatura 85 y vigente desde el 1 de septiembre de 2017, rige lo que una entidad local puede y no puede hacer en materia de aplicación de leyes de inmigración. La Sección 752.051(5)(B) define “entidad local” de manera que incluye “un alguacil, un departamento de policía municipal, un abogado municipal o un abogado del condado”, y la Sección 752.051(6) define “política” de manera que incluye “una regla, orden, ordenanza o política formal y escrita, y una política informal no escrita”.

Qué dice la Sección 752.053. La Sección 752.053(a)(1) establece que una entidad local no puede “adoptar, hacer cumplir ni respaldar una política mediante la cual la entidad o el departamento prohíba o limite materialmente la aplicación de las leyes de inmigración”. La Sección 752.053(b) establece que una entidad local no puede prohibir ni limitar materialmente que un oficial de paz comisionado, un oficial correccional, un secretario de ingresos, un magistrado o un fiscal bajo su dirección: pregunte por el estatus migratorio de “una persona bajo detención legal o bajo arresto”; envíe información de estatus a, o la solicite o reciba de, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos o ICE; “asista o cooperé con un oficial federal de inmigración según sea razonable o necesario, incluida la prestación de asistencia en la aplicación de la ley”; o permita que un oficial federal de inmigración ingrese y realice actividades de aplicación de la ley en una cárcel. La Sección 752.053(c) exceptuúa la asistencia o cooperación que “ocurre en un lugar de culto”.

Qué significa “detención legal” en el estatuto. La Sección 752.051(4) la define como la detención por parte de una entidad local “para la investigación de un delito”, y excluye una detención si la única razón de ella es que la persona “es víctima de o testigo de un delito” o “está reportando un delito”.

Víctimas y testigos. La Sección 752.057 del mismo capítulo remite al Artículo 2A.059 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual un oficial de paz no puede preguntar por el estatus migratorio de una víctima de o un testigo de un presunto delito, salvo que el oficial determine que la pregunta es necesaria para investigar el delito o para dar a la persona información sobre visas federales diseñadas para proteger a quienes ayudan a las autoridades. La Sección 752.057 permite que una agencia adopte una política escrita de difusión comunitaria para informar al público sobre ese límite, con difusión dirigida a víctimas de violencia familiar y de agresión sexual.

Cómo se hace cumplir el Capítulo 752. Conforme a la Sección 752.055, cualquier ciudadano que resida en la jurisdicción de una entidad local puede presentar una queja jurada ante el Procurador General de Texas alegando una violación de la Sección 752.053, y el Procurador General puede solicitar un auto de mandamus u otra medida equitativa en un tribunal de distrito del Condado de Travis o del condado de la oficina principal de la entidad. La Sección 752.056 fija una sanción civil por una violación intencional de no menos de $1,000 y no más de $1,500 por la primera violación, y de no menos de $25,000 y no más de $25,500 por cada violación posterior, y cada día de una violación continuada cuenta por separado. La Sección 752.0565 establece que un funcionario electo o designado de una subdivisión política que viole la Sección 752.053 realiza un acto que causa la pérdida del cargo.

Lo que no se ha resuelto. Si la orden del 6 de noviembre y la guía emitida conforme a ella son compatibles con el Capítulo 752 es una pregunta que ningún tribunal ha respondido. Al 8 de noviembre de 2026, ninguna acción de ejecución sobre esta orden aparecía en las páginas de noticias publicadas del Procurador General de Texas ni del Gobernador, y el Tribune informó el 6 de noviembre que la oficina del Gobernador no respondió de inmediato a su solicitud de comentario. El Tribune informó que, antes en 2026, el Gobernador amenazó con retirar de Houston alrededor de $110 millones en subvenciones estatales de seguridad pública por la ordenanza de abril; KUT reportó una cifra de alrededor de $2.5 millones en subvenciones estatales en la disputa comparable con Austin. Como la Sección 752.051(6) cuenta una política informal y no escrita como política, la redacción de un memorando departamental no es lo que resuelve la pregunta — a quien siga este tema le conviene observar las fuentes oficiales más que los titulares.

Un plazo aparte, del condado, que esto no toca. El Capítulo 753 del Código de Gobierno, agregado por el Proyecto de Ley del Senado 8 de la Legislatura 89, exige que el alguacil de cada condado que opera una cárcel, o que contrata una, solicite y celebre un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración con ICE conforme a la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y fija el 1 de diciembre de 2026 como la fecha para cumplir. La guía de un departamento de policía municipal no cambia la obligación de un alguacil conforme al Capítulo 753, y una persona arrestada e ingresada a una cárcel del condado está bajo la custodia del alguacil y no del departamento municipal. Este sitio cubrió el Capítulo 753 y la fecha del 1 de diciembre en una publicación aparte del 3 de septiembre de 2026.

Qué Tipo de Opción Podría Aplicar

Nada en esta página es asesoría sobre el caso de una persona en particular, y nadie puede saber a partir de una nota periodística si un estatus, una defensa o una solicitud determinada está disponible para una persona determinada. Estas son las preguntas que un abogado en Texas sí está en posición de responder a partir del expediente real.

Qué ocurrió en la parada. Un abogado de inmigración o de defensa penal puede solicitar el registro de despacho, la grabación de la cámara corporal, la citación o los documentos de ingreso y cualquier orden que se haya consultado, y puede revisar qué agencia hizo la parada y bajo cuál guía operaba esa agencia en esa fecha. Cuando una persona fue interrogada, detenida o entregada a custodia federal, un abogado puede revisar cómo y cuándo sucedió eso.

Dos casos, no uno. Un cargo penal y una consecuencia migratoria corren por vías separadas, en tribunales distintos y en plazos distintos. Los abogados con experiencia describen la resolución de un caso penal — incluido un acuerdo de culpabilidad que parece menor — como algo que puede traer consecuencias migratorias propias, y por eso muchas personas hacen revisar ambos asuntos juntos en lugar de uno a la vez.

Víctimas y testigos. Cuando alguien reportó un delito, o fue víctima de o testigo de uno, y se le preguntó por su estatus migratorio, un abogado puede revisar si el Artículo 2A.059 del Código de Procedimiento Penal incide en lo que ocurrió y qué se puede hacer al respecto, si acaso algo.

Custodia y liberación. Cuando una persona está detenida, un abogado puede revisar el fundamento de la detención, si hay una solicitud de fianza disponible y qué presentaciones respalda el expediente. Las respuestas dependen del historial y de los documentos de cada persona.

Por Qué Actuar Pronto Puede Importar

Las reglas vigentes el día de la parada son las que la rigieron. La guía de Houston cambió el 6 de noviembre de 2026, y también había cambiado antes en 2026. Una parada ocurrida antes de un cambio se manejó conforme a las instrucciones entonces vigentes. Fijar la fecha, la agencia y la guía vigente es trabajo inicial común en estos asuntos, y se vuelve más difícil con el paso del tiempo.

Los registros no duran para siempre. Las grabaciones de cámaras corporales, el audio de despacho y los registros carcelarios se conservan conforme a los calendarios de retención de cada agencia y no de manera indefinida. Un abogado puede solicitarlos mientras aún existan.

Los asuntos migratorios corren con relojes cortos. Las personas bajo custodia federal pueden ser trasladadas entre instalaciones y entre estados, y los plazos para presentar documentos en procedimientos migratorios se miden con frecuencia en días. Un abogado que ya está revisando el expediente está en mejor posición cuando hay algo que presentar.

Hay una fecha legal en el calendario. El Capítulo 753 fija el 1 de diciembre de 2026 como la fecha para que el alguacil de cada condado que opera una cárcel haya solicitado y celebrado un acuerdo 287(g). Esa es una obligación del condado y no de la ciudad, y la orden de Houston no la altera.

Si algo de esto toca a su familia, lo mejor es hablar con un abogado sobre sus propios hechos en lugar de trabajar con un resumen de políticas. Pueden existir opciones que no son evidentes desde dentro del proceso.

Fuentes

1. Mayor John Whitmire issues executive order directing HPD to alter guidance on contact with ICE, comunicado de la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Houston, 6 de noviembre de 2026 — la firma de la orden ejecutiva, el alcance descrito por el alcalde y por el jefe de policía Noe Diaz, y el memorando a todo el departamento (documento primario). Listado en la sala de prensa de la Oficina de Comunicaciones del Alcalde.
2. Código de Gobierno de Texas, Capítulo 752, Subcapítulo C — agregado por el Proyecto de Ley del Senado 4, Legislatura 85, Sesión Ordinaria, vigente desde el 1 de septiembre de 2017: las definiciones de la Sección 752.051, las prohibiciones de la Sección 752.053, la disposición sobre víctimas y testigos de la Sección 752.057, el procedimiento de queja y medida equitativa de la Sección 752.055, las sanciones civiles de la Sección 752.056 y la pérdida del cargo de la Sección 752.0565 (documento primario).
3. Código de Gobierno de Texas, Capítulo 753 — agregado por el Proyecto de Ley del Senado 8, Legislatura 89: la exigencia de que el alguacil de cada condado que opera o contrata una cárcel solicite y celebre un acuerdo 287(g) con ICE, y la fecha de cumplimiento del 1 de diciembre de 2026 (documento primario).
4. Houston mayor limits police cooperation with ICE, The Texas Tribune, 6 de noviembre de 2026, actualizado el 7 de noviembre de 2026 — reportaje independiente sobre la orden, la naturaleza de las órdenes administrativas de ICE, la cantidad agregada a la base de datos nacional, la ordenanza de abril de 2026 y su revisión, las cifras de contacto reportadas para 2024 y 2025, y la cifra de fondos estatales.
5. APD changing ICE policies after Hinojosa’s election win, KUT News, 6 de noviembre de 2026 — reportaje independiente de que el alcalde de Austin pidió a la jefa de policía actualizar las órdenes generales, el objetivo de enero de 2027, la guía vigente de “operativamente factible” y la cifra de subvenciones estatales de Austin.
6. San Antonio Mayor Gina Ortiz Jones looks to roll back SAPD cooperation with ICE, San Antonio Current, 6 de noviembre de 2026 — reportaje independiente de que la alcaldesa de San Antonio dijo que pedirá al administrador municipal explorar opciones, y que no se había adoptado ningún cambio de política.
7. Los Alguaciles de Texas Deben Firmar Acuerdos 287(g) con ICE antes del 1 de Diciembre de 2026, este sitio, 3 de septiembre de 2026 — cobertura anterior del Capítulo 753, los tres modelos 287(g) y la fecha del 1 de diciembre.