USCIS Emitió Nueva Guía sobre Remisiones de Desnaturalización el 14 de Septiembre de 2026: Qué Dice, Qué No Hace y Qué Puede Revisar un Abogado en Texas

Qué Cambió, y Cuándo

El 14 de septiembre de 2026, USCIS publicó una alerta de política titulada “Revocation of Naturalization Referrals” (Remisiones para Revocación de Naturalización, PA-2026-13). La página de actualizaciones del Manual de Políticas de la agencia lo describe así: USCIS “está emitiendo guía de política en el Manual de Políticas de USCIS sobre la remisión de casos para revocación de naturalización (comúnmente llamada ‘desnaturalización’) bajo la sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”. La sección afectada es el Volumen 12, Parte L, Pérdida de la Nacionalidad Estadounidense y Revocación de la Naturalización, que ahora lleva la marca “Vigente al 14 de septiembre de 2026”.

La guía entró en vigor el mismo día en que fue emitida. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), que da seguimiento a las alertas de política de USCIS para sus miembros, registró la alerta el 15 de septiembre y señaló que los comentarios públicos vencen el 14 de octubre de 2026. La cobertura periodística del 16 de septiembre indicó que USCIS había fijado inicialmente el 25 de septiembre como fecha límite y luego la extendió al 14 de octubre.

Lo que hace la actualización es reorganizar y ampliar un capítulo: cómo un oficial detecta un posible caso, qué categorías de casos dice USCIS que prioriza para remisión, qué registros pueden reunirse, y qué ocurre después si un tribunal revoca la ciudadanía de alguien. El propio capítulo presenta la facultad de remisión como una facultad ya existente: “De acuerdo con su autoridad existente, USCIS puede remitir posibles casos para revocación de naturalización cuando haya evidencia suficiente de que la persona se naturalizó ilegalmente”. USCIS indica que la guía revisada fue emitida en relación con las Órdenes Ejecutivas 14148 y 14161, y que las revisiones buscan apoyar la aplicación de las leyes migratorias, disuadir el fraude migratorio y atender preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública.

A Quiénes en Texas Alcanza Esto

Esta es una guía federal y se aplica igual en todos los estados. Es relevante en Texas por una razón concreta y verificable: cuando el Manual de Políticas enumera decisiones judiciales como ejemplo para ilustrar los fundamentos de remisión, cinco de esos ejemplos son casos federales de Texas. El manual cita United States v. Ekpin, 214 F. Supp. 2d 707 (S.D. Tex. 2002); United States v. Tarango-Pena, 173 F. Supp. 2d 588 (E.D. Tex. 2001); United States v. Mwalumba, 688 F. Supp. 2d 565 (N.D. Tex. 2010); United States v. Ledesma, 33 F. Supp. 3d 734 (S.D. Tex. 2012); y United States v. Almallah, 244 F. App’x 584 (5th Cir. 2007), el tribunal federal de apelaciones cuyas decisiones rigen en Texas. Los tribunales de distrito de Texas y el Quinto Circuito forman parte de la jurisprudencia a la que el manual dirige a los oficiales.

La guía también tiene una coincidencia oportuna con Texas. Entre las categorías que USCIS enumera como prioritarias para remisión están los “casos que involucran votar ilegalmente en elecciones de EE. UU. antes de la naturalización” y los “casos que involucran una afirmación falsa de ciudadanía estadounidense”. Esa lista se publicó un día antes de que fiscales federales en Fort Worth anunciaran cargos contra siete no ciudadanos por votar, lo que cubrimos en nuestra publicación del 16 de septiembre. Los dos asuntos son jurídicamente distintos — ese caso involucra a personas que no eran ciudadanas, mientras que esta guía trata sobre personas que ya se naturalizaron — pero corren por la misma línea, y un abogado puede explicar cuál conjunto de reglas aplica a cuáles hechos.

Otros dos puntos del manual van más allá de la persona individual. Primero, si un tribunal revoca la naturalización de alguien, USCIS indica que luego revisa las peticiones y solicitudes pendientes o previamente aprobadas que esa persona presentó por otras personas, para evaluar si esos beneficiarios eran o son elegibles. Segundo, el manual incluye una tabla sobre cuándo un cónyuge o hijo que obtuvo la ciudadanía a través de esa persona también puede perderla: cuando la revocación se basa en ocultamiento de un hecho material o tergiversación intencional, el manual dice que la ciudadanía del cónyuge o hijo se pierde vivan o no en Estados Unidos; cuando se basa en obtención ilegal, el manual dice que no se pierde; y para los fundamentos de membresía y de baja militar, el manual dice que se pierde si el cónyuge o hijo reside fuera de Estados Unidos al momento de la revocación. Estos son los propios resúmenes que hace el manual de la sección 340(d) de la INA, y cómo aplicaría cualquiera de ellos a una familia real es una pregunta para un abogado con el expediente en mano.

Qué Cambia Esto Legalmente

No cambia los fundamentos, y no le revoca la ciudadanía a nadie. El manual es explícito en que la revocación ocurre solo de dos maneras, ambas en un tribunal federal de distrito. En un caso civil, el Departamento de Justicia presenta la acción bajo la sección 340(a) de la INA, 8 U.S.C. § 1451(a), y el manual describe la carga del gobierno como “evidencia clara, convincente e inequívoca que no deja el asunto en duda”, citando Kungys v. United States, 485 U.S. 759, 767 (1988). En un caso penal, la Fiscalía Federal presenta cargos bajo 18 U.S.C. § 1425 y debe probar el caso más allá de toda duda razonable. Una remisión de USCIS, una investigación o una designación de prioridad no es una revocación.

El manual expone los cuatro fundamentos. Una persona puede estar sujeta a revocación si la naturalización fue obtenida ilegalmente, es decir, si un requisito legal — residencia, presencia física, admisión legal como residente permanente, buen carácter moral, adhesión a los principios de la Constitución — no se cumplió realmente en su momento; si hubo ocultamiento de un hecho material o tergiversación intencional que fue intencional, material y la razón por la cual se otorgó la ciudadanía; si dentro de los cinco años posteriores a la naturalización la persona se convierte en miembro de o se afilia a una organización prohibida bajo la sección 313 de la INA; o, para quien se naturalizó en o después del 23 de noviembre de 2003 por servicio militar, si la persona es dada de baja en condiciones distintas a las honorables antes de cinco años de servicio honorable.

Vale la pena leer con atención una frase del nuevo capítulo, porque acota el panorama que los titulares pueden dejar: “Es importante señalar que, por lo general, el gobierno no puede iniciar procedimientos de revocación de naturalización contra una persona que era elegible para naturalizarse cuando se le otorgó la ciudadanía pero cometió delitos después de la naturalización”. El manual también distingue entre revocar la naturalización y cancelar un certificado bajo la sección 342 de la INA: cancelar el documento afecta al documento, no a la ciudadanía de una persona que completó legalmente el proceso de naturalización. Y conserva una válvula de escape estrecha, al decir que “en circunstancias muy limitadas” USCIS puede considerar la discreción procesal cuando el propio USCIS aprobó por descuido una solicitud antes de cumplirse los períodos requeridos de residencia o presencia física, la persona era por lo demás elegible, y no aplica ningún otro fundamento.

Sobre los plazos, el manual establece que no hay prescripción para la revocación civil bajo la sección 340 de la INA, mientras que la desnaturalización penal tiene un límite de diez años bajo 18 U.S.C. § 3291 — y agrega que un caso penal que ya pasó esa marca de diez años aún puede ser remitido para acción civil.

Qué Tipo de Opción Podría Aplicar

Nada de esto le dice a un lector individual cuál es su situación, y esta página no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es nombrar las preguntas que examina un abogado de inmigración, para que una persona sepa de qué se trata una primera conversación.

• ¿Existe realmente un fundamento aquí? Los fundamentos del manual son estrechos y específicos. Si un hecho fue material, si una omisión fue intencional, y si la ciudadanía se obtuvo como resultado de ello son cuestiones jurídicas en disputa, no asuntos administrativos, y un abogado puede evaluar cómo se ve el expediente frente a ellas.
• ¿Qué hay en el expediente A-File? USCIS dice que los oficiales pueden identificar posibles casos mediante la revisión de un Archivo de Registro de Extranjero, incluyendo una petición de familiar Formulario I-130, una solicitud de certificado Formulario N-600 o N-600K, o cualquier otra presentación en la que la ciudadanía estadounidense sea un criterio de elegibilidad — así como mediante herramientas automatizadas de detección, una revisión de USCIS o del DHS, o una solicitud de otra agencia como el Departamento de Estado. Un abogado puede solicitar y revisar ese expediente.
• ¿Es también una cuestión de exposición penal? Como una de las dos vías pasa por 18 U.S.C. § 1425 en un tribunal penal federal, algunas situaciones requieren un abogado de defensa criminal junto a un abogado de inmigración, y un abogado puede orientar sobre si ese es el caso.
• ¿Cuáles serían los efectos posteriores? El manual dice que la revocación surte efecto a partir de la fecha original de naturalización y que la persona regresa al estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse, razón por la cual la defensa contra la deportación suele formar parte de la misma conversación.
• ¿Quién más aparece en el expediente? Las peticiones presentadas por un cónyuge, hijo o padre pueden ser revisadas después de una revocación, por lo que el análisis frecuentemente abarca a más de una persona.

Es mejor hablar con un abogado antes de responder a cualquier solicitud de información, firmar algo o dar una declaración grabada. El manual enumera los tipos de registros que pueden reunirse para una remisión — registros de arresto, resoluciones judiciales, entrevistas grabadas en video, declaraciones juradas, actas de matrimonio y divorcio, documentos de membresía, identificadores de redes sociales y las plataformas vinculadas a ellos, notas de prensa, documentos de entrada, informes de ADN y comparaciones biométricas — y un abogado puede explicar qué está y qué no está obligada a entregar una persona.

Por Qué Actuar con Rapidez Puede Importar

En esta historia hay dos fechas, y hacen cosas distintas.

El 14 de septiembre de 2026 es la fecha en que la guía entró en vigor. No lleva asociado ningún plazo de presentación ni nada que una persona esté obligada a presentar por su causa.

El 14 de octubre de 2026 es la fecha que USCIS ha fijado para los comentarios públicos sobre la guía actualizada, según el registro de la alerta que lleva AILA y la cobertura sobre la extensión. Es una fecha límite de comentarios para quien desee responder a la agencia, no un plazo que afecte el estatus de una persona.

La razón práctica para no esperar es distinta de un plazo. Como no hay prescripción para la revocación civil, los registros pertinentes pueden tener décadas de antigüedad — una entrevista de naturalización, un acta de matrimonio, una resolución judicial antigua en un condado que desde entonces cambió su sistema de archivos. Esos documentos son más fáciles de ubicar y explicar temprano que tarde. Y si una agencia del gobierno sí hace contacto, el plazo para responder suele ser corto y lo fija la propia carta, por lo que tener a un abogado ya leyendo el expediente es una ventaja práctica más que un requisito legal.

Fuentes

1. USCIS, Alerta de Política PA-2026-13, “Revocation of Naturalization Referrals” (14 de septiembre de 2026) — la alerta misma, su fecha y las secciones del Manual de Políticas afectadas. (Documento primario.)
2. Manual de Políticas de USCIS, Volumen 12, Parte L, Capítulo 2, Revocación de la Naturalización (vigente al 14 de septiembre de 2026) — las vías civil y penal, las cargas de la prueba, los cuatro fundamentos, el proceso de identificación y remisión, las categorías prioritarias, la tabla de registros, las decisiones de ejemplo incluidos los casos de Texas, y los efectos sobre cónyuges e hijos. (Documento primario.)
3. Manual de Políticas de USCIS, Actualizaciones (entrada del 14 de septiembre de 2026) — la propia descripción de la agencia sobre la alerta. (Documento primario.)
4. Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, “USCIS Policy Alert on Denaturalization Referrals” (15 de septiembre de 2026) — el número de la alerta y la fecha límite de comentarios del 14 de octubre de 2026.
5. NepYork, “USCIS Revises Guidance on Cases That Could Lead to Citizenship Revocation” (16 de septiembre de 2026) — la extensión del período de comentarios del 25 de septiembre al 14 de octubre y las órdenes ejecutivas que USCIS citó.
6. Sección 340 de la INA, 8 U.S.C. § 1451, Sección 313 de la INA, 8 U.S.C. § 1424, Sección 342 de la INA, 8 U.S.C. § 1453, 18 U.S.C. § 1425, y 18 U.S.C. § 3291 — las leyes descritas arriba. (Documentos primarios.)
7. Kungys v. United States, 485 U.S. 759 (1988) — el estándar de materialidad y la carga de la prueba civil que cita el Manual de Políticas. (Documento primario.)